En una sesión marcada por amplios debates entre distintas fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó por mayoría una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las reformas buscan actualizar el marco normativo frente a los desafíos del entorno digital contemporáneo, fortalecer los derechos de las audiencias y garantizar una competencia más equitativa en los sectores de telecomunicaciones y medios.
Entre los principales cambios aprobados destaca el reconocimiento explícito del acceso a internet como un derecho fundamental, lo cual obliga a las autoridades a establecer condiciones que aseguren una conectividad asequible, continua y de calidad para toda la población, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. Esta disposición se alinea con los compromisos asumidos en materia de inclusión digital y desarrollo social.
Los cambios también incluyen normas más rigurosas para las plataformas digitales que brindan servicios de video en línea. Aunque no se regulan directamente los contenidos, se fijan pautas relativas a la transparencia en los algoritmos de recomendación, publicidad personal y mecanismos de reclamación para los usuarios. El objetivo es mejorar la defensa de los derechos de los consumidores digitales sin detener la innovación tecnológica ni imponer cargas innecesarias a los proveedores de servicios.
Uno de los temas más debatidos fue la modificación del concepto de “preponderancia” en el sector, que ahora incluye nuevas métricas sobre cuota de mercado y gestión de infraestructura, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Esto le permitiría al regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), implementar medidas asimétricas con mayor exactitud para prevenir abusos de poder de mercado y promover la competencia.
Asimismo, se incorpora una disposición que obliga a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones a cumplir con estándares mínimos de accesibilidad para personas con discapacidad. Esto incluye la incorporación de subtítulos, lenguaje de señas y descripciones auditivas en ciertos contenidos, así como interfaces adaptadas en plataformas digitales.
En el caso específico de la radiodifusión pública, se introducen mecanismos para garantizar su independencia editorial y sostenibilidad financiera. Se contempla la creación de un fondo especial que permitirá financiar contenidos culturales, educativos y de interés social, sin depender exclusivamente de recursos presupuestarios anuales ni de publicidad comercial.
Las modificaciones también destacan la importancia de resguardar la información personal en el entorno digital. Las compañías de esta industria tendrán que desarrollar políticas transparentes para gestionar datos y proporcionar a los usuarios métodos eficientes para ejercer sus derechos de acceso, modificación, eliminación y objeción (ARCO). Asimismo, se imponen restricciones sobre cuánto tiempo pueden retener los datos los proveedores de servicios móviles y de internet.
Un progreso significativo es la incorporación de medidas para fomentar contenidos locales y reforzar la producción independiente. Las plataformas con una presencia importante en el mercado mexicano tendrán que asignar un porcentaje de su catálogo a obras producidas en el país o en colaboración con productoras nacionales, con la meta de promover la diversidad cultural y respaldar a la industria audiovisual local.
El dictamen fue respaldado por la mayoría de los grupos parlamentarios, aunque algunos legisladores expresaron reservas respecto a posibles efectos colaterales de ciertas disposiciones sobre la libertad de expresión o la viabilidad operativa de pequeñas empresas del sector. Sin embargo, el consenso general apuntó a la necesidad de actualizar la legislación ante un ecosistema digital que evoluciona a gran velocidad y cuya influencia en la vida pública es cada vez más determinante.
El informe será enviado a la Cámara de Diputados para su consideración y posible aprobación. Si se aprueba tal como está, representará una de las modificaciones más significativas en este campo desde que se promulgó la ley original en 2014, estableciendo un marco jurídico más alineado con los desafíos actuales de la convergencia tecnológica, la igualdad digital y la protección de derechos en el contexto informativo.
