La igualdad formal no garantiza que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. La autonomía económica y la participación en la toma de decisiones son esenciales para cerrar la brecha de género.
En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, la ONG CODESPA recuerda que el reconocimiento de derechos legales, si bien fundamental, no es suficiente para lograr una igualdad real. Bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, esta conmemoración pone en evidencia la persistente distancia entre la igualdad formal y la igualdad práctica que experimentan las mujeres en su día a día.
Los datos globales evidencian que la brecha continúa siendo amplia. De acuerdo con el informe Women, Business and the Law 2024 del Banco Mundial, las mujeres solo cuentan con alrededor del 64 % de los derechos legales otorgados a los hombres. Asimismo, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que cerca de seis de cada diez mujeres se desempeñan en la economía informal, situación que conlleva la falta de protección social y la ausencia de derechos laborales fundamentales. Estas cifras ponen de manifiesto que la igualdad legal, aunque imprescindible, no garantiza por sí sola una equidad real y efectiva.
La autonomía económica como herramienta de empoderamiento
CODESPA subraya que la autonomía económica constituye un factor decisivo para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. El acceso a ingresos propios les permite participar en las decisiones de su hogar y su comunidad, además de reducir la dependencia estructural que muchas enfrentan. “La justicia para las mujeres no solo se escribe en las leyes; se construye cuando una mujer puede generar ingresos estables y participar en decisiones que afectan su entorno”, explican desde la organización.
Durante más de cuarenta años, CODESPA ha implementado programas en 34 países de América Latina, África y Asia, orientados a fortalecer la independencia económica femenina. Estas iniciativas combinan formación técnica y empresarial adaptada a cada contexto, acceso a financiación o activos productivos, acompañamiento continuo en el terreno, trabajo con líderes comunitarios y promoción de la participación femenina en espacios de decisión.
Un elemento clave en estas estrategias consiste en impulsar y consolidar asociaciones de mujeres, espacios donde pueden distribuir riesgos, transmitir saberes y fortalecer su poder de negociación dentro de la comunidad. La meta va más allá de elevar sus ingresos y se orienta a expandir la autonomía de las mujeres sobre su economía, su tiempo y su vida social.
Cambios concretos dentro de comunidades en situación de vulnerabilidad
La experiencia en terreno evidencia que disponer de recursos y opciones de formación puede transformar profundamente la vida de las mujeres y de sus comunidades. En el Corredor Seco de Guatemala, una zona marcada por la inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático, María Elisa tomó parte en un proyecto productivo impulsado por CODESPA. Al principio intervenía muy poco en las reuniones, pero después de recibir capacitación técnica y de integrarse durante tres años en espacios de gestión colectiva, su participación se afianzó. Con los ingresos obtenidos y la experiencia acumulada, hoy integra el comité de desarrollo local, donde contribuye activamente a las decisiones que afectan a su comunidad.
En el altiplano boliviano, en Pacajes, Lizeth y Estela Tantacalle contaban con habilidades artesanales heredadas de sus familias, pero carecían de acceso a mercados. A través de formación empresarial y acompañamiento, lograron profesionalizar sus productos, diversificar diseños y vender a través de canales digitales. La marca que hoy gestionan genera ingresos estables, ha incorporado a otras mujeres de la comunidad y ha contribuido a reducir la migración hacia las ciudades. Este caso demuestra que la autonomía económica fortalece la participación femenina en decisiones familiares y comunitarias, más allá del impacto financiero.
Los ejemplos muestran un patrón claro: cuando las mujeres acceden a ingresos propios y estables, aumenta su capacidad de influir en decisiones clave. La participación en asociaciones, el acceso a información financiera y la negociación directa con clientes y proveedores refuerzan su papel en educación, inversiones productivas y la vida comunitaria en general. CODESPA subraya que el empoderamiento económico es uno de los factores más eficaces para reducir la dependencia estructural.
Hacia una igualdad real más allá del 8 de marzo
A pesar de los avances legales, ningún país ha cerrado por completo las brechas de género, según los principales organismos internacionales. Sin embargo, el debate público suele centrarse en reformas normativas y políticas de igualdad formal. Para CODESPA, esta discusión necesita ampliarse: no basta con reconocer derechos en la ley, sino que es necesario promover políticas e inversiones que permitan a las mujeres generar ingresos propios y participar activamente en la toma de decisiones.
La organización subraya que la igualdad ante la ley solo cobra sentido cuando se respalda con estrategias constantes de inclusión económica, de modo que los derechos formales puedan convertirse en avances reales y perdurables para mujeres y niñas, mitigando desigualdades arraigadas y fortaleciendo el progreso social y económico dentro de sus comunidades.
El fortalecimiento de la autonomía económica, junto con la formación, el acceso a ingresos y la participación en la toma de decisiones, constituye la clave para transformar la igualdad formal en igualdad real. El Día Internacional de la Mujer sirve como recordatorio de que la lucha por los derechos de las mujeres requiere acciones concretas y sostenidas que vayan más allá del marco legal.
Las experiencias de Guatemala, Bolivia y otros países donde CODESPA ha trabajado demuestran que los cambios son posibles cuando las mujeres cuentan con recursos, apoyo y espacios de decisión. La combinación de derechos legales, autonomía económica y participación activa marca la diferencia entre la igualdad teórica y la igualdad vivida en la práctica.
A medida que se desarrollan políticas y programas, el desafío consiste en garantizar que la igualdad legal se traduzca en oportunidades reales, asegurando que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y participar de manera efectiva en la vida económica y social de sus comunidades.
