Corea del Sur está al borde de una crisis institucional sin precedentes mientras el derrocado ex presidente Yoon Suk Yeol enfrenta un juicio político y una orden de arresto por cargos de sedición y abuso de poder. A medida que aumentan las tensiones políticas y sociales en todo el país, Yoon está protegido por el equipo de seguridad del presidente y cientos de partidarios desde su residencia fortificada en Seúl.
En diciembre pasado, Yoon declaró brevemente la ley marcial, lo que provocó una ola de indignación pública y marcó el comienzo de su caída política. La Asamblea Nacional votó a favor de despedirlo después de que incluso miembros de su propio partido gobernante lo abandonaran. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur debe decidir ahora si confirma este despido o lo reincorpora.
«Lucharé hasta el final», afirmó Yoon en un mensaje transmitido por su abogado, insistiendo en que la declaración de la ley marcial era legal y que los intentos de arrestarlo eran «ilegales e inválidos».
Citando preocupaciones de seguridad, Yoon ha indicado que no tiene intención de asistir a la primera audiencia formal de su juicio político, que está prevista para este martes. La decisión generó críticas tanto de sus oponentes políticos como de los investigadores que buscaban ejecutar una orden de arresto en su contra.
Conflicto por su residencia fortificada
Tras ser destituido de la presidencia, Yoon se refugió en su residencia de Seúl, donde su Equipo de Seguridad Presidencial (PSS) reforzó las medidas de seguridad con alambre de púas, vehículos bloqueando las entradas y un «muro humano» de miembros de seguridad y simpatizantes.
El último intento de arrestarlo se produjo a principios de enero, cuando investigadores anticorrupción intentaron ingresar a la residencia, lo que provocó un enfrentamiento de horas entre las fuerzas de seguridad y los agentes encargados de ejecutar la orden. La operación fue cancelada por temor a la seguridad de los involucrados, pero sigue vigente una orden de arresto y se espera un nuevo juicio en los próximos días.
«Es esencialmente imposible ejecutar la orden en la residencia de Yoon mientras el equipo de seguridad continúa protegiéndolo», dijo la Oficina de Investigación de la Corrupción a altos funcionarios (CIO).
El CIO solicitó la cooperación del Ministerio de Defensa y del Equipo de Seguridad Presidencial para que las tropas estacionadas en la residencia no interfirieran con los esfuerzos para arrestar a Yoon. También advirtió que cualquier intromisión podría estar sujeta a sanciones penales.
Los cargos contra Yoon y las investigaciones en curso
Yoon se enfrenta a varias investigaciones penales, incluida una por sedición, un delito castigado con cadena perpetua o incluso la pena de muerte en Corea del Sur. Aunque ha sido acusado, Yoon conserva la inmunidad presidencial frente a la mayoría de los cargos, excepto los relacionados con traición o sedición.
Además de los cargos contra Yoon, las investigaciones también se centraron en figuras clave involucradas en la declaración de la ley marcial, incluidos comandantes militares y el ministro de Defensa. Pero Yoon se negó a cooperar con las citaciones emitidas por los fiscales, lo que intensificó el conflicto entre las autoridades y su equipo de defensa.
El papel fundamental del Tribunal Constitucional
El futuro político de Yoon depende ahora del Tribunal Constitucional, que debe decidir si confirma el voto de destitución de la Asamblea Nacional o restituye al ex presidente. El tribunal programó cinco audiencias orales, que se extenderán hasta el 4 de febrero. Si Yoon no se presenta a la primera audiencia prevista para este martes, el juicio continuará en su ausencia.
El tribunal tiene hasta 180 días para emitir un veredicto, pero ha prometido que el caso tendrá prioridad debido a su importancia para la estabilidad política del país. Pero el proceso enfrenta un obstáculo adicional: el tribunal de nueve miembros actualmente tiene sólo ocho jueces debido a las vacantes no cubiertas, lo que podría complicar la toma de decisiones. Según la Constitución de Corea del Sur, al menos seis jueces deben estar de acuerdo para que un indulto sea válido.
Si el tribunal confirma el impeachment, Yoon se convertirá en el presidente con menos tiempo en el cargo en la historia democrática de Corea del Sur, y el país tendrá que celebrar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
Protestas y divisiones en la sociedad coreana
El caso de Yoon ha polarizado a la sociedad surcoreana, con manifestantes a favor y en contra del expresidente saliendo a las calles a pesar de las gélidas temperaturas invernales. Sus partidarios, en su mayoría conservadores, han construido una valla alrededor de su residencia, mientras que sus detractores exigen su arresto inmediato y su rendición de cuentas por los abusos de poder cometidos durante su mandato.
La tensión también se ha intensificado en la esfera política. La destitución de Yoon fue seguida por la dimisión del primer ministro Han Duck-soo, quien también fue acusado por el parlamento. El ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, ocupa actualmente el cargo de presidente mientras el país espera la decisión del Tribunal Constitucional.
Incierto sobre el futuro de Yoon y la estabilidad de Corea del Sur
La crisis política en Corea del Sur ha socavado no sólo el futuro de Yoon Suk Yeol, sino también la estabilidad institucional del país. Aunque el proceso de impeachment y las investigaciones penales avanzan, el resultado sigue siendo incierto debido a una serie de factores legales, políticos y sociales.
El caso de Yoon subraya las complejidades de tratar con líderes en ejercicio acusados de delitos graves y subraya las tensiones inherentes a un sistema democrático que busca equilibrar la justicia con la estabilidad política. Mientras el Tribunal Constitucional se prepara para deliberar, Corea del Sur enfrenta la posibilidad de un cambio significativo en su liderazgo y un nuevo capítulo en su historia democrática.