El presidente de Argentina, Javier Milei, ha causado polémica al ampliar una vez más por decreto el plazo de 2023. presupuesto, lo que significa que el país continuará en 2025 no aprobará un proyecto de ley de presupuesto sancionado por el Congreso. Esta decisión fue fuertemente criticada por Germán Martínez, titular de la Comisión. Unión por la Patria, bloque de diputados nacionales que acusó al presidente de buscar un manejo arbitrario de las finanzas públicas.
En mensaje compartido en la red social X, Martínez expresó: «Milei nunca quiere tener una ley de presupuesto. Quiere total arbitrariedad en la gestión de las finanzas públicas. Por eso hoy en 2023 el presupuesto se prorroga por decreto hasta 2025, lo que ya ocurrió en 2024..
Dos años sin ley de presupuesto
El legislador santafesino calificó la situación como inédita en la historia económica reciente del país: «Dos años seguidos sin que el Congreso apruebe un proyecto de ley de presupuesto. «No se trata de una imposibilidad, sino de una decisión política del ejecutivo..
Martínez recordó que en 1992 adoptó la Ley de Administración Financiera núm. 24.156 tenía como objetivo garantizar que el poder ejecutivo administre las finanzas públicas de acuerdo con el marco regulatorio aprobado por el Congreso. Según se explicó, el artículo 27 de la citada ley permite la prórroga del presupuesto del año anterior sólo en circunstancias excepcionales que no permitan la aprobación de un nuevo presupuesto.
«No existe ninguna situación excepcional que justifique tal decisión. Milei no quiso tener una ley, decidió no enviarla al Congreso y está obligando a mantener la interpretación del artículo 27 hasta 2023. presupuesto como base de la administración pública nacional.enfatizó el diputado.
Una práctica controvertida
El uso de decretos para extender presupuestos anteriores ha sido tema de debate en el pasado, pero extender la práctica por dos años consecutivos bajo la administración Milei ha generado críticas tanto de la oposición como de los sectores académicos y económicos. Según Martínez, esta decisión refleja un intento deliberado del Ejecutivo de evitar el escrutinio legislativo que establece la sanción de la nueva ley de presupuesto.
«Durante la redacción de la Ley de Administración Financiera, el espíritu del legislador fue lograr que cada año se apruebe un presupuesto que detalle todos los aspectos necesarios para asegurar una gestión responsable de las finanzas públicas. Lo que estamos viendo ahora es el fracaso de ese espíritu esencial».dijo Martínez.
Reacciones políticas
La decisión del presidente también planteó dudas sobre la transparencia y la planificación a largo plazo de la política económica del gobierno. Unión por la Patria sostiene que la falta de un presupuesto aprobado dificulta el control parlamentario del gasto y los ingresos estatales, debilitando así las instituciones democráticas.
Por su parte, el gobierno de Milei defendió la medida, argumentando que era necesaria para asegurar la continuidad administrativa mientras se implementaban reformas económicas estructurales. Pero los críticos ven esta justificación como insostenible, dado que el Congreso sigue en pleno funcionamiento y no existen obstáculos legales o logísticos para deliberar y aprobar un nuevo presupuesto.
Un precedente preocupante
La ausencia de un presupuesto aprobado por el Congreso no sólo plantea un desafío para la gobernabilidad, sino que también deja al país sin un plan claro para gestionar las finanzas públicas. Según Martínez, esta situación amenaza la estabilidad económica al dificultar la contabilidad y el seguimiento de los objetivos fiscales.
«Milei elige el camino de la arbitrariedad y la discreción en el manejo de las finanzas públicas. «Esto no es una cuestión técnica, sino una decisión política que viola la institucionalidad y el equilibrio de poder».concluyó el legislador.
A medida que se acerca 2025, el debate sobre el nuevo déficit presupuestario seguirá siendo un tema central en la política argentina, marcando profundas divisiones entre el partido gobernante y la oposición sobre el modelo de gobernanza económica que debe seguir el país.