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Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han respondido a un proyecto de ley para crear un registro público de personas condenadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. El proyecto de ley fue considerado por el Comité de Seguridad y Narcóticos de la Asamblea Legislativa.
Presentada por la actual representante independiente Gloria Navas, el objetivo principal de la iniciativa es garantizar la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes, con el fin de evitar que estas poblaciones vulnerables entren en contacto con quienes han sufrido delitos sexuales, especialmente los que involucran a jóvenes. gente.
La propuesta se basa en el supuesto de que, dada la naturaleza de los delincuentes sexuales, existe una alta probabilidad de reincidencia en este tipo de delitos. Por lo tanto, el registro propuesto se utilizaría para emitir alertas preventivas a nivel nacional sobre personas con antecedentes de delitos sexuales.
Además, en este cargo se incluyen inmediatamente el sistema judicial, el Fideicomiso Nacional de la Infancia (PANI), el sistema de emergencias 9-1-1, los municipios, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otras instituciones públicas y privadas. También se considera la participación de entidades de educación y salud con el fin de fortalecer la protección de toda la población.
Rosa María Jiménez, jefa del departamento especializado en violencia de género y trata de personas del OIJ, enfatizó la importancia de abordar el tema debido a la alarmante recurrencia de los abusos sexuales, incluso en el ámbito familiar. Jiménez señala que muchos reincidentes lamentablemente terminan en feminicidios.
Para prevenir estos delitos, el OIJ implementa planes y operativos internos que supervisan periódicamente a las personas condenadas por delitos similares. La creación de un registro permitiría al OIJ monitorear de manera más efectiva a los infractores, siguiendo la práctica habitual en otros países.
Óscar Valverde, director de la Fundación Paniamor, quien asistió al encuentro, enfatizó la importancia de definir claramente el proceso de mantenimiento de este registro público. Es necesario establecer un período mínimo de seguimiento, que puede oscilar entre 5 y 15 años, pero se enfatiza que incluso después de este período, la evaluación de riesgo del individuo no debe ser completamente rechazada.
En conclusión, la propuesta de establecer un registro público de delincuentes sexuales en Costa Rica tiene como objetivo proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, de personas con antecedentes penales en este ámbito. Esta medida, si se implementa adecuadamente, podría contribuir significativamente a la prevención del delito y a la seguridad pública en su conjunto.
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