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Miembros de la Comisión de Seguridad y Antidrogas han propuesto una reforma legislativa destinada a criminalizar a quienes intenten introducir dispositivos de comunicación en las instalaciones penitenciarias.
Esta iniciativa tiene como objetivo combatir la actividad delictiva en las prisiones mediante la presentación de cargos penales contra quienes introducen ilegalmente equipos de comunicación.
Según los datos proporcionados por la Dirección de Adaptación Social, en 2023 Octubre – Diciembre En 2016, el Código Penal incautó 784 celulares y 563 chips internacionales de países tan diversos como Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Colombia y Estados Unidos.
La nueva legislación propuesta tiene como objetivo impedir la entrada ilegal en las cárceles de teléfonos móviles, teléfonos satelitales u otros dispositivos tecnológicos diseñados para comunicarse con el mundo exterior, así como tarjetas SIM, enrutadores, adaptadores de red, cargadores o cables.
Una enmienda al Código Penal estipula que los culpables de ingresar ilegalmente en una prisión se enfrentarán a entre dos y cuatro años de prisión si no cuentan con el permiso legal adecuado.
Para funcionarios públicos, proveedores de servicios o productos, profesionales del derecho u otras personas con permiso especial para ingresar, la comisión de este delito se consideraría grave.
La pena establecida se incrementaría en un tercio si resulta que alguien introdujo los mencionados aparatos electrónicos en las celdas de centros penitenciarios cerrados o el responsable es un funcionario público.
Esta medida surge en respuesta a la decisión de la Sala Constitucional de 2001 20 de junio la resolución, que establece que en la solución de cuestiones represivas se debe asegurar la intervención del legislador y la limitación de los derechos legales de los ciudadanos, definiendo así las acciones específicas que deben tomarse. .
Respecto a la facultad de los legisladores para establecer normas penales, la Sala Constitucional mencionó que es deber de la asamblea legislativa definir qué conducta se considera delito y se sanciona por ello, como determinación de los deberes jurídicos a considerar. un acto jurídico penal es una decisión de carácter político que corresponde al legislador.
Este proyecto de ley requiere el voto unánime de los legisladores presentes para ser aprobado. Además, al tratarse de una iniciativa que debe ser consultada con la Corte Suprema de Justicia, es importante tener en cuenta que si este organismo no la aprueba, será necesario confirmar plenamente los votos emitidos.
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