El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha proporcionado un resumen de más de 200 casos aún pendientes bajo la división de militancia política. Estos casos, que se vienen acumulando desde hace varios años, han sido paralizados por una acción inconstitucional, que ha puesto bajo presión a las instituciones que los examinan hasta que la Sala Constitucional complete su análisis.
Entre las denuncias pendientes están las interpuestas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por presunta militancia política. Entre las denuncias realizadas el año pasado se encuentran una del Partido Liberación Nacional (PLN) y la otra del Partido Acción Ciudadana (PAC). El secretario general del PLN, Miguel Guillén, se dirigió al TSE para expresar su preocupación por el retraso en la resolución de estos casos, destacando la importancia de una decisión oportuna en asuntos de esta naturaleza.
Rodrigo Chaves, a su vez, aprovechó sus intervenciones públicas para criticar a los principales partidos de oposición, entre ellos el PLN, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio y el Partido Liberal Progresista (PLP), sugiriendo supuestas prácticas corruptas por parte de sus dirigentes. Esto ha creado tensiones políticas que, además de los agravios actuales, reflejan el panorama político polarizado de cara a 2026. elecciones presidenciales.
Denuncias acumuladas desde 2019
Según Andréi Cambronero, jefe del Departamento de Abogados del TSE, los casos pendientes comenzaron a acumularse a partir de 2019. Durante dos procesos electorales – 2022 elecciones nacionales y 2024 elecciones municipales: las quejas continuaron llegando al departamento especializado del tribunal sin esto. pueden resolverse mediante una acción inconstitucional que haya detenido su avance.
Si bien el departamento especializado continuó recibiendo denuncias durante ese tiempo, no pudo emitir fallos hasta mediados de este año, cuando finalmente la Sala Constitucional tomó una decisión. Inicialmente, los magistrados rechazaron la demanda por inconstitucional debido a fallas formales en su redacción, por lo que los demandantes se vieron obligados a reconsiderarla. Unos meses más tarde, luego de un nuevo juicio, la demanda fue aceptada y resuelta, permitiendo al TSE retomar sus funciones en este asunto.
Activistas que interpusieron una demanda anticonstitucional cuestionaron cuatro artículos de las disposiciones del Departamento Especializado del TSE, alegando que dichas disposiciones contradicen la Constitución. Sin embargo, en la votación 2024-0023861, la Sala Constitucional concluyó que las disposiciones mencionadas no contradicen la Constitución. Según los magistrados, el TSE tiene plena competencia para dictar normas relacionadas con su función electoral según lo establecido en el artículo 10 de la Constitución Política y el artículo 74 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Jurisdicción exclusiva de la USO
El juez de instrucción Jorge Araya afirmó enfáticamente que la organización y regulación de los procesos electorales es competencia exclusiva del TSE. En la resolución aclaró que las disposiciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral en el ejercicio de su función electoral no pueden ser objeto de acción constitucional.
«Se considera que la formación y regulación de estos procesos es competencia exclusiva del TSE en el ejercicio de su función electoral. Según el artículo 10 de la Constitución y el artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no existe acción constitucional contra las disposiciones del TSE relacionadas con el ejercicio de la función electoral”, explicó Araya.
Pese a la resolución de la Sala Constitucional, el texto íntegro de la resolución aún está pendiente de publicación, lo que permitirá conocer en detalle los fundamentos de la decisión y el alcance de las normas según las cuales funcionará el Departamento Especializado del TSE. de aquí en adelante. .
Denuncias contra el presidente Chávez
Entre los casos pendientes destacan las denuncias contra el presidente Rodrigo Chaves interpuestas por PLN y PAC por presunta militancia política. Las acusaciones han provocado un amplio debate porque, de tener éxito, el TSE debe remitir el caso a la Asamblea Legislativa, que sería responsable de determinar qué medidas tomar.
Las denuncias se relacionan con las declaraciones públicas de Chávez en las que utilizó su cargo para atacar a los partidos de oposición y sus líderes, acusándolos de corrupción. Estas acciones podrían interpretarse como una violación a las normas que rigen la neutralidad política de los funcionarios públicos, especialmente en el contexto de procesos electorales.
El avance de estos esfuerzos será crucial para determinar el impacto político de las acusaciones contra el presidente y la posible reacción de los partidos involucrados, que han exigido garantías de imparcialidad y transparencia de los procesos electorales.
Un panorama político tenso
La demora en la resolución de los casos de militancia política ha aumentado la tensión en el panorama político del país. Acercándose a 2026 De cara a las elecciones presidenciales, los partidos de oposición y el oficialismo mantienen un ambiente de confrontación, que puede intensificarse a medida que avancen los procesos de la USE.
La decisión de los casos acumulados desde 2019 será decisiva no solo para definir posibles sanciones o medidas correctivas, sino también para crear precedentes en la regulación del comportamiento político de figuras públicas. En este contexto, la USE se enfrenta al desafío de garantizar que sus acciones sean percibidas como imparciales y coherentes con la Constitución, en un momento en que la confianza en las instituciones es la base de la estabilidad democrática.
Actualmente, el TSE continúa trabajando con los casos acumulados y la implementación de las disposiciones revisadas de la Sala Constitucional. La publicación de la decisión completa permitirá conocer con más detalle las implicaciones de la decisión y los pasos a seguir en los casos más importantes, como las denuncias contra el presidente Chávez.
El proceso marca una coyuntura crítica para el sistema electoral de Costa Rica, que debe demostrar su capacidad para resolver conflictos políticos de manera justa y transparente en un entorno donde la polarización y las acusaciones cruzadas son la norma.