La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta una etapa difícil caracterizada por investigaciones legislativas y judiciales que han puesto en la mira a varios altos funcionarios. Uno de los actores clave de la situación es el director jurídico de la institución, Gilbert Alfaro, quien recientemente declaró ante una comisión especial de la Legislatura que investiga presuntos abusos en la administración de la CCSS.
Durante su comparecencia, Alfaro enfatizó que la suspendida presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, le aseguró que no era necesaria su asistencia a las reuniones del directorio. La decisión, afirmó el funcionario, marcó una dinámica de antes y después del órgano colegiado, coincidiendo con una serie de medidas muy criticadas como el congelamiento de la cartera de inversiones de la institución.
Alfaro señaló que la eliminación de sesiones no sólo afectó la toma de decisiones de inversión, sino que también generó problemas para el normal funcionamiento del directorio. Según su testimonio, a falta de un criterio legal permanente, el número de «funcionarios de facto» se utilizó para garantizar el quórum en las reuniones. Este mecanismo, que el Directorio no ha utilizado anteriormente, consiste en llamar a un funcionario de la institución para que actúe como director de manera interina.
El Director Jurídico explicó que si bien su criterio original para implementar este número no era el mismo, la Fiscalía General determina que se pueden convocar órganos colegiados de esta manera en casos excepcionales. También citó el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que define como «funcionario de hecho» a aquel que desempeña un cargo público sin cargo válido, pero cuyas actuaciones están autorizadas en casos de emergencia para garantizar la continuidad del servicio. .
Uno de los momentos más tensos de la actuación se produjo cuando la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, le consultó sobre la decisión de suspender la cartera de inversiones de la CCSS. Según el director jurídico, la medida se tomó inmediatamente después de que fuera retirado de las reuniones de la junta directiva, lo que generó dudas entre algunos legisladores sobre la transparencia y el proceso de deliberación de tal decisión.
Por otra parte, «Alfaro» también habló sobre la auditoría realizada a los Equipos Básicos Integrados de Atención en Salud (EBAIS) administrados por cuatro cooperativas y el colegio de médicos. Esta revisión se realizó como parte de una investigación conocida como “Caso Barrenador” liderada por la Fiscalía General de la República. El funcionario admitió que previo al otorgamiento del liderazgo del EBAIS a las cooperativas no se emitió un criterio legal clave, poniendo en duda la legalidad y validez de estas decisiones.
Durante la sesión, otros legisladores plantearon dudas sobre diversos temas relacionados con la administración de la CCSS. La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, expresó preocupación por el estado del proyecto de construcción del nuevo hospital de Cartago. Alfaro respondió que las autoridades deben evaluar si el contrato es transferible a otra empresa, además de establecer procedimientos para determinar las responsabilidades de la empresa originalmente adjudicada.
Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), cuestionó la derogación de la norma de subcontratación de servicios de salud. Según Vargas, para asegurar buenas prácticas de gobierno corporativo y mejorar la transparencia de los contratos con terceros es necesario tener lineamientos claros en esta materia.
A la luz de estos problemas, Alfaro indicó que no está claro si la CCSS ha estructurado una gobernanza para abordar estos temas, lo que dificulta apelar a criterios sólidos para la toma de decisiones. En este contexto, enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de supervisión y planificación para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
La actuación también reveló las tensiones internas de la CCSS y las diferencias de criterio entre funcionarios y legisladores. Algunos parlamentarios creen que las medidas adoptadas por la institución carecen de base técnica y jurídica, otros creen que la falta de claridad de los procedimientos puede estar relacionada con problemas estructurales más profundos.
Finalmente, Alfaro enfatizó que recientemente en julio La reunión del Consejo de la CCSS del sábado abordó temas estructurales, incluida la administración del EBAIS y las relaciones con las cooperativas médicas. Estas discusiones son fundamentales para garantizar que se cumplan los objetivos de la institución, pero se necesita una mayor coordinación y transparencia para resolver las preocupaciones sobre su gobernanza, dijo el funcionario.
El estado actual de la CCSS refleja un panorama complejo en el que decisiones administrativas y cuestiones jurídicas han creado una atmósfera de incertidumbre tanto dentro de la institución como en la opinión pública. Las investigaciones legislativas y judiciales en curso serán cruciales para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades de los involucrados. Mientras tanto, la CCSS enfrenta el desafío de recuperar la confianza ciudadana y garantizar la continuidad de los servicios de salud en medio de esta crisis institucional.