El Ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos, ha desatado un amplio debate nacional sobre el uso de la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios, cuestionando cómo los jueces de sentencia en algunos casos han aplicado las medidas. La cuestión ha sido controvertida ya que ha equilibrado la reintegración social de los presos con las preocupaciones sobre la seguridad pública.
Campos expresó preocupación por sentencias judiciales que contradicen las recomendaciones del Instituto Nacional de Criminología (INC), entidad dependiente de la Dirección General de Adaptación Social. Según el Ministerio de Justicia, 3.421 personas privadas de libertad han solicitado beneficios como la libertad condicional en los últimos años, una cifra que el ministro considera elevada. En muchos casos, el INC emitió informes desfavorables, recomendando que no se otorgaran dichos beneficios.
Sin embargo, en los últimos cinco años, 456 presos han sido liberados con la aprobación de los jueces de sentencia, siguiendo criterios que no siempre se alinean con los del INC. Campos señaló que si bien no proporcionó cifras exactas, un número importante de estos beneficiarios reincidieron y fueron capturados nuevamente.
El Poder Judicial, por su parte, defendió el proceso en un comunicado, argumentando que las decisiones relacionadas con los beneficios penitenciarios no son automáticas ni arbitrarias y se rigen por el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley General de Ajuste Social. Estas reglas establecen los requisitos legales y de comportamiento que los reclusos deben cumplir para tener derecho al subsidio, entre otros factores como la duración de su condena y su comportamiento en el sistema penitenciario.
El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, también intervino en el debate, subrayando la necesidad de reformar las leyes antes de considerar megaproyectos como la construcción de nuevas cárceles, que calificó de apoyo insuficiente ante la emergente crisis de inseguridad en el país. . Según Chaves, el problema radica en la falta de medidas efectivas en el sistema penitenciario, lo que dificulta reducir la reincidencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Críticas al sistema de prestaciones penitenciarias
Diversos sectores han criticado el sistema judicial, argumentando que el sistema de concesión de beneficios penitenciarios no siempre cumple con criterios claros y en algunos casos se percibe como demasiado permisivo. Los críticos dicen que los fallos del tribunal parecen ignorar el impacto que estas medidas pueden tener en la seguridad pública, especialmente cuando se aplican a personas condenadas por delitos graves.
El Ministerio de Justicia ha recopilado datos que muestran que la mayoría de las personas que se benefician de medidas como la libertad condicional o la confianza son los condenados por delitos relacionados con la Ley de Psicotrópicos, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida y delitos sexuales. Según el ministro Campos, estos delitos deberían quedar automáticamente excluidos de los beneficios penitenciarios, dado el peligro que suponen para la sociedad.
El ministerio también señaló que entre las penas más sensibles se encuentran los delitos contra la libertad relacionados con la Ley de Castigo de la Violencia contra la Mujer, los delitos contra los derechos humanos, la seguridad común, la Ley de Armas y los relacionados con el abuso público. funciones. La frustración ciudadana ante la reincidencia de algunos delincuentes ha sido particularmente notable, especialmente cuando los esfuerzos policiales parecen no producir resultados duraderos.
«Es comprensible que muchas personas se sientan frustradas cuando los esfuerzos policiales no parecen producir resultados sostenibles», dijo Campos. «El trabajo de la policía para detener y proteger a quienes infringen la ley refleja su compromiso de proteger a los ciudadanos.
Perspectiva del poder judicial
En defensa del sistema actual, la Corte Suprema enfatizó que los beneficios penitenciarios no son privilegios, sino instrumentos legales diseñados para facilitar la reinserción social de las personas privadas de libertad. Según se explicó, estas medidas buscan alinear la ejecución de las penas con los objetivos de la política penitenciaria de Costa Rica, incluyendo la rehabilitación, la reintegración social y la prevención de la reincidencia.
Los jueces consideran muchos factores antes de dictar sentencia. Además del tiempo que el preso ha pasado en prisión, evalúan su comportamiento durante su encarcelamiento, sus condiciones personales, familiares y sociales y las recomendaciones del TNK. Este último contiene informes técnicos que, si bien no son vinculantes, son una de las principales referencias para la toma de decisiones.
La Corte también enfatizó que sistemas democráticos como el de Costa Rica buscan equilibrar los derechos individuales de las personas privadas de su libertad con las necesidades de seguridad pública. En este sentido, los jueces insisten en que la concesión de beneficios no puede basarse en criterios automáticos ni en presiones externas, sino que debe hacerse caso por caso.
¿Reforma o ajuste?
El debate sobre los beneficios penitenciarios en Costa Rica no es nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia a medida que ha crecido la preocupación por la inseguridad de los ciudadanos. Mientras el Departamento de Justicia aboga por reformas legales que limitarían el acceso a estos beneficios para ciertos delitos graves, el Poder Judicial insiste en que el sistema actual está diseñado para equilibrar la justicia y la rehabilitación.
Por otro lado, los críticos argumentan que se necesita un enfoque más integral, que combine reformas legales con inversiones en prevención del delito, programas de rehabilitación eficaces y mejora de la infraestructura penitenciaria. Como ha señalado el presidente Rodrigo Chaves, la construcción de nuevas cárceles, si bien es necesaria, no resolverá por sí sola los problemas estructurales del sistema penitenciario.
En última instancia, el desafío es lograr un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Para lograrlo, será esencial promover un diálogo inclusivo entre los diversos actores involucrados, desde el ejecutivo y el judicial hasta la sociedad civil, con el fin de crear un sistema penitenciario más justo, eficiente y seguro.
El debate sobre los beneficios de la prisión no sólo resalta la tensión entre justicia y rehabilitación, sino que también refleja los complejos problemas que enfrenta Costa Rica: garantizar la seguridad de los ciudadanos y al mismo tiempo promover una mayor justicia y respeto por los derechos humanos.